Durante la semana recién pasada, se realizó en Santiago (Región Metropolitana) la Tercera Conferencia Preparatoria de la Organización Regional del Pacífico Sur (ORP-PS) donde el tema principal fue acordar la implementación de las medidas interinas de manejo para la recuperación del jurel, una de las principales pesquerías de nuestro país que actualmente se encuentra sobrexplotada. Sin embargo, el Gobierno y agrupaciones ambientalistas lamentaron que Perú no respetase las medidas adoptadas previamente e indicaron al país vecino como uno de los culpables de la desaparición del jurel.
En este sentido, la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca A.G) aseguró a PESCA al día que “la sobrexplotación de algunas pesquerías es resultado de la actual administración” y puso como ejemplo el caso de la pesquería de jurel.
Recordó que de acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) es posible constatar que las recomendaciones de cuota total permisible entregadas por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) “fueron aumentadas primero por la misma Subpesca y posteriormente por el Consejo Nacional de Pesca (CNP), quienes, aun cuando en la ley solo deben aprobar o rechazar las cuotas propuestas por la subsecretaría, han presionado al Gobierno de turno proponiendo cuotas que sobrepasan ampliamente lo sustentable”.
Este comportamiento, a juicio de Anapesca, “que se repite prácticamente en todas las pesquerías de importancia económica, es el que ha llevado a la crisis actual y debe ser corregido”.
Cambios en la nueva ley de pesca
En opinión de Anapesca, aunque el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en sus declaraciones generales declara como objetivo principal la promoción de la sustentabilidad de los recursos pesqueros, no proporciona el marco legal ni establece los mecanismos que permitan alcanzarla.
“No es suficiente declarar que el proyecto ‘propende’ a la conservación y sustentabilidad de los recursos, sino que es necesario crear las estructuras que garantice lograr estos objetivos. Si bien es cierto que se establece que uno de los problemas de la administración es la facultad resolutiva del CNP, controlado por los usuarios, no se reconoce que ha sido la propia Subsecretaría la que ha administrado los recursos con objetivos distintos al de la sustentabilidad de las pesquerías. Es también insólito que, conjuntamente con la propuesta de un Panel de Expertos (PE) que sigue dependiendo de la Subpesca, se reconozcan los Comités Técnicos que, aunque tampoco son resolutivos, están integrados en parte por representantes de instituciones financiadas directamente por quienes explotan los recursos. Es decir, la recomendación científica para la administración seguramente estará influenciada por los propios usuarios mediante sus ‘Institutos de Investigación’”, argumentó Anapesca.
De igual manera, sostuvo que el IFOP -organismo científico técnico encargado de hacer la investigación (base para determinar el estado de los recursos y su captura total permisible)- “sigue quedando bajo la tutela de un ente político como lo es la Subsecretaría de Pesca, lo que también carece de todo sentido”.
La entidad gremial concluyó diciendo que “según el propio Gobierno, la mayoría de las pesquerías del país están sobreexplotadas, lo que es resultado del actual sistema de administración. Lamentablemente, todos los cambios propuestos a la ley siguen las mismas tendencias que han llevado a los recursos al colapso, es decir, cambiar algo para no cambiar nada”.
Para ver el cuadro citado por Anapesca -fuente Subsecretaría de Pesca- donde se detalla las cuotas del jurel propuesta por el IFOP, la propuesta de la Subpesca, la cuota final del Consejo Nacional de Pesca y el total de desembarques, entre los años 2001 y el 2010, haga click aquí.
Fuente: http://www.pescaaldia.cl/noticias/?doc=49064
